El pasado fin de semana en Cohuecan, Puebla, un comerciante dedicado a la compra de chatarra fue víctima de un linchamiento, un acto que, aunque violento y colectivo, no está tipificado como delito en la legislación estatal. Esta realidad llevó al diputado local de Morena, Andrés Villegas Mendoza, a urgir al Congreso de Puebla a aprobar una reforma que sancione con mayor severidad a quienes intenten hacer justicia por propia mano.

Villegas Mendoza lamentó el caso ocurrido y subrayó que ningún acto de violencia colectiva puede justificarse, incluso cuando se trate de la detención de presuntos delincuentes. En su opinión, las personas afectadas por algún delito deben permitir la intervención de las autoridades competentes y evitar acciones que pongan en riesgo la vida e integridad de terceros.

Puebla se encuentra entre las siete entidades con mayor número de casos de linchamiento en México, un dato que el diputado considera alarmante y que justifica la necesidad de reformar la legislación local. Su iniciativa plantea penas de hasta 15 años de prisión para los autores materiales de un linchamiento y hasta 10 años para quienes inciten o promuevan estos actos.

Además, Villegas Mendoza hizo un llamado a los ayuntamientos para fortalecer los protocolos de atención ante posibles intentos de linchamiento y para solicitar oportunamente el apoyo de las autoridades estatales, con el fin de evitar más tragedias.

Este debate sobre la tipificación del linchamiento llega en un momento en que Puebla busca modernizar y mejorar sus sistemas de transporte y seguridad, como con la construcción del cablebús, que promete conectar comunidades y facilitar el acceso a servicios públicos, reduciendo así la vulnerabilidad social que a menudo alimenta la violencia colectiva. En ese sentido, la reforma legal podría ser un paso más hacia un estado donde la justicia no dependa de la mano propia, sino de instituciones fortalecidas y confiables.