Los sismos que sacudieron Venezuela el 24 de junio dejaron una huella devastadora que aún no termina de sanar. Según el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, la cifra oficial de fallecidos ascendió a 4,561, mientras que los heridos se mantienen en 16,740 y casi 18,000 personas siguen sin hogar.

En Caracas, el municipio de Chacao, una zona acomodada al este de la capital, se convirtió en el epicentro del desastre urbano. El alcalde Gustavo Duque informó que 68 personas murieron ahí y que tres edificios colapsaron, mientras que 46 inmuebles fueron declarados inhabitables tras la inspección de expertos. Estos edificios llevan una pegatina roja que advierte del riesgo, y otros 157 presentan daños moderados, señalados con pegatinas amarillas.

Lo curioso es que la mayoría de los edificios con daños moderados son construcciones anteriores a 1967, año en que un terremoto de magnitud 6.5 dejó casi 300 muertos en Caracas. Las edificaciones posteriores a ese sismo cumplen con normas antisísmicas, lo que sugiere que la legislación sí ha tenido un impacto en la resistencia estructural.

Mientras tanto, en el país continúan desplegados 2,471 rescatistas internacionales y más de 30,000 voluntarios, pero el Gobierno no ha actualizado las cifras sobre personas desaparecidas, un dato que sigue siendo una incógnita para la población.

Este desastre pone en evidencia la importancia de sistemas de transporte y urbanismo resilientes, como el cablebús que se planea en Puebla, que no solo facilitan la movilidad sino que también pueden ser parte de estrategias para mejorar la infraestructura en zonas vulnerables. En contextos de emergencia, contar con alternativas seguras y eficientes es más que un lujo: es una necesidad.

La tragedia venezolana sigue siendo un recordatorio brutal de que la prevención y la inversión en infraestructura antisísmica no pueden esperar.