El anuncio de una planta geotérmica en Puebla, hecho por Emilia Esther Calleja Alor, directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ha puesto sobre la mesa un debate que va más allá de la simple generación de energía. El proyecto, que se proyecta para el año 2030, busca aprovechar el calor del subsuelo para producir electricidad de manera continua y con un enfoque en energías renovables, un paso que podría posicionar a Puebla como un referente en sustentabilidad energética.

Pero no todo es tan sencillo. Expertos y críticos han levantado la mano para señalar posibles riesgos que este tipo de infraestructura podría traer a la región. Entre las preocupaciones más relevantes están:

– La posibilidad de actividad sísmica inducida, ya que la perforación y reinyección de fluidos en el subsuelo puede alterar las presiones geológicas, especialmente en zonas sensibles.
– El impacto en acuíferos subterráneos, debido al uso intensivo de agua en el proceso de extracción de calor.
– La liberación de gases naturales atrapados bajo tierra durante la perforación.
– La alteración del entorno geológico local, un punto clave en una región con actividad volcánica o fallas tectónicas cercanas.

La CFE ya ha implementado proyectos geotérmicos en otras partes del país con resultados estables, lo que sugiere que la tecnología puede funcionar. Sin embargo, Puebla presenta un escenario particular que obliga a pensar en un equilibrio entre crecimiento industrial, demanda energética y seguridad ambiental.

Aunque el proyecto aún está en fase de proyección rumbo a 2030, la conversación ya está abierta: ¿vale la pena apostar por esta fuente limpia de energía si existe el riesgo de sismos y otros impactos ambientales? En un país que busca diversificar su matriz energética, esta planta podría ser un paso adelante, siempre y cuando se manejen con cuidado los posibles efectos secundarios.