La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó este jueves 10 de junio iniciar un juicio político contra el gobernador Samuel García, tras la solicitud presentada por la bancada de Morena el 8 de junio. El motivo: una presunta triangulación de recursos públicos hacia despachos vinculados con familiares del mandatario.

Aunque no todos los diputados morenistas estuvieron presentes en la sesión, la discusión y votación siguieron adelante, y la mayoría decidió dar trámite al procedimiento. Ahora, Samuel García será notificado y tendrá 15 días hábiles para responder, ya sea por escrito o de manera presencial ante el Congreso local.

El caso se remonta a una investigación revelada en abril, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) comenzó a indagar un supuesto esquema financiero para desviar y lavar más de mil millones de pesos. Según las pesquisas, el gobernador habría utilizado un modelo de triangulación de fondos públicos para beneficiar directamente a su círculo familiar.

El entramado involucra a la “Firma Jurídica y Fiscal Abogados”, cuyos principales accionistas son familiares de García: su padre, Samuel Orlando García Mascorro, y su medio hermano, Samuel Orlando García Villarreal. Los recursos públicos habrían sido canalizados a través de diversas empresas y proyectos de infraestructura, para luego llegar a esta firma.

De ahí, el dinero se habría transferido a “Saga Tierras y Bienes Inmuebles”, una empresa inmobiliaria que presuntamente recibió más de mil millones de pesos. Posteriormente, los fondos fueron enviados a distintas jurisdicciones fuera de México, incluyendo cuentas en Estados Unidos, con la aparente intención de dificultar su rastreo y ocultar su origen público.

Samuel García ha rechazado categóricamente las acusaciones, calificándolas como un “refrito”. En sus redes sociales recordó que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ya investigó y emitió una resolución de no ejercicio de acción penal, argumentando que no existen irregularidades tras analizar las pruebas.

Este proceso político se suma a la compleja agenda del gobernador, quien enfrenta ahora un escrutinio público y legal que podría marcar un precedente en la rendición de cuentas en la entidad. Mientras tanto, la ciudadanía observa con atención cómo se desarrollan los siguientes pasos en el Congreso local.