La clínica de maternidad La Sagrada Familia, ubicada en San Pedro Cholula y donde falleció “Vicky”, una niña de 6 años, pertenece al exdiputado local Ignacio Alvízar Linares, quien también fue investigado por irregularidades durante su paso como secretario de Educación Pública en el gobierno de Guillermo Pacheco Pulido.

La empresa “Maternidad La Sagrada Familia, sociedad anónima de capital variable” fue constituida en 2014 por Alvízar Linares junto a su entonces esposa, Irma Palacios García, socia en otras empresas constructoras. En ese momento, Alvízar era diputado local por Movimiento Ciudadano en la LIX legislatura, antes de ser regidor en San Pedro Cholula, donde opera la clínica.

Aunque en Facebook la clínica se promocionaba desde 2013 con un video que prometía “las mejores instalaciones” y “tecnología de primer nivel”, la realidad es otra. Las imágenes muestran espacios reducidos para operaciones y cuneros, además de equipo médico limitado, muy distinto a lo que se esperaría en un hospital moderno.

En mayo de 2016, medios locales reportaron que la clínica no contaba con cédula de empadronamiento desde 2013 y hasta ese año; además, fue clausurada en 2015 por incumplir con los lineamientos de uso de suelo. A pesar de una multa de 18 mil pesos por retirar los sellos, la clínica continuó operando.

En 2018, Alvízar nombró gerente a Jane Jessica Espinoza Agis, quien se convirtió en su esposa y lo acompañó durante su gestión como subsecretario y luego secretario de Educación en el gobierno de Pacheco Pulido. Para 2022, el entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que Alvízar se encontraba prófugo y sin registro de actividad pública.

Las reseñas en Google reflejan la percepción negativa de pacientes: desde testimonios que denuncian negligencia médica, como la administración de medicamentos para adultos a recién nacidos, hasta quejas por la presencia de cucarachas y mala atención del personal. Un usuario incluso advierte desde hace cinco años sobre el riesgo de acudir a esta “clínica negligente”.

A pesar de la clausura parcial de quirófanos, sala de partos y áreas de internamiento, el personal sigue operando con normalidad. En una llamada reciente, la administración confirmó que ofrecen consultas de valoración y renta espacios para procedimientos quirúrgicos, sin mencionar la clausura vigente.

La Fiscalía General del Estado abrió un expediente de atención temprana y aseguró únicamente el quirófano.

El caso de “Vicky” es especialmente grave: la menor fue llevada para un procedimiento menor y, horas después, la familia fue notificada sin explicación alguna para recoger su cuerpo. Este trágico suceso pone en el centro del debate la calidad y regulación de servicios médicos en clínicas privadas de la región.