Este lunes 20 de julio de 2026, Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, salió en defensa del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, al calificarlo como un “preso político”. La legisladora panista acusó al gobierno federal de usar su detención para desviar la atención de la red de corrupción detrás del huachicol fiscal y de los audios filtrados de la gobernadora Marina del Pilar Ávila.

López Rabadán cuestionó que Ruffo sea el único encarcelado por este esquema, cuando, según ella, no ocupaba ningún cargo público en el momento de los hechos que le imputa la Fiscalía General de la República (FGR). “Hay un entramado de autoridades municipales, estatales y federales que permiten que ingrese, se distribuya y se venda el huachicol fiscal sin pagar impuestos. Para que eso ocurra se requiere la colusión de autoridades, no de ciudadanos sin cargo”, afirmó.

La diputada insistió en que el contrabando de combustibles sólo puede operar con la participación o la omisión de funcionarios de distintos niveles de gobierno, quienes “se están haciendo multimillonarios” mientras el Estado pierde recursos que deberían destinarse a escuelas, hospitales y seguridad.

En este contexto, López Rabadán pidió que las investigaciones se enfoquen en quienes “firman, autorizan y permiten el huachicol”, y no en Ruffo, el primer gobernador de oposición en la historia de México. “Hay grandes reclamos en nuestro país y no es metiendo a un preso político a la cárcel como se van a solucionar esos problemas”, agregó. Para ella, la detención de Ruffo es “una cortina de humo y una afrenta a la democracia”.

Por su parte, Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, acusó a la administración de Claudia Sheinbaum de emprender una “cacería de brujas” contra la oposición y exigió que la gobernadora Marina del Pilar Ávila solicite licencia para facilitar las investigaciones sobre el presunto contrabando de combustibles.

Desde Palacio Nacional, Sheinbaum rechazó este lunes cualquier aplicación selectiva de la justicia y aseguró que la detención de Ruffo responde exclusivamente a las investigaciones de la FGR por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustibles, descartando motivaciones políticas en el caso.

Este episodio se suma a la compleja agenda política y judicial que enfrenta Baja California, mientras el debate sobre la corrupción y la justicia sigue polarizando a la opinión pública.