La Fiscalía General del Estado de Puebla, bajo el mando de Idamis Pastor Betancourt, ejecutó el martes 14 de julio de 2026 seis órdenes de aprehensión contra directores y secretarios municipales de Seguridad Pública en la Mixteca y la Sierra Norte. Estas detenciones responden a investigaciones por presunta colaboración con grupos delictivos que operan en ambas regiones.

En la Mixteca, fueron capturados David Velázquez Sandoval (Chietla), Gonzalo Torres Cardoso (Tehuitzingo) y José Santiago Benítez Arista (Chila de la Sal). Según el Registro Nacional de Detenciones, Velázquez fue arrestado a las 10:44 horas cerca de la comandancia de Chietla; Torres a las 11:17 horas afuera de la comandancia de Tehuitzingo; y Benítez a las 13:53 horas en un domicilio de San Miguel de la Toma, comunidad de Chietla. Aunque la Fiscalía no ha detallado los delitos específicos, fuentes indican que se les investiga por vínculos con una organización criminal activa en esa zona.

Por otro lado, en la Sierra Norte, la FGE detuvo a Evencio Rosas Luna (Tlapacoya), Ángel Miguel Garrido (Tlaola) y Manuel Martínez González (Jopala). Estos tres están relacionados con la protección a una célula criminal vinculada al narcolaboratorio de drogas sintéticas desmantelado en junio pasado en Tlapacoya. La carpeta judicial administrativa 81/2026/Huauchinango señala que los mandos omitieron actuar contra estas actividades ilícitas e incluso habrían ordenado facilitar la movilidad del grupo delictivo.

Un cuarto jefe de Seguridad Pública, Andy Castillo Rodríguez de San Felipe Tepatlán, sigue prófugo tras no ser localizado para cumplimentar su orden de aprehensión.

El narcolaboratorio asegurado en junio contenía 360 kilogramos de metanfetamina, más de 25 mil litros de sustancias químicas, reactores, condensadores, destiladores y 50 tanques de gas LP, según reportes de fuerzas federales y estatales.

Estas acciones reflejan un esfuerzo concentrado de la Fiscalía para limpiar las corporaciones municipales de Seguridad Pública en Puebla, un paso necesario para fortalecer la seguridad regional. En un estado donde la movilidad y el acceso a servicios públicos como el cablebús están en expansión, garantizar la integridad de las autoridades locales es clave para que proyectos de infraestructura y desarrollo social puedan avanzar sin obstáculos.