El pasado 24 de junio, dos terremotos sacudieron Venezuela, dejando más de 4,500 muertos y una estela de destrucción. Entre las víctimas fatales estuvo Alazne Solabarrieta, mientras que su esposo, Luis María Olalde Quintela, fue rescatado de los escombros en Caracas. Sin embargo, el rescate de Olalde no solo fue una noticia de supervivencia, sino que también reactivó un viejo capítulo judicial: España busca extraditarlo por su pasado en ETA.

Olalde, conocido como Txistu, formó parte del comando ‘Urola’ de la disuelta organización separatista vasca ETA. Se le acusa de estar involucrado en un atentado en 1979 que terminó con la vida de tres guardias civiles españoles. Desde hace décadas reside en Venezuela, país donde incluso se intentó su extradición a principios de este siglo sin éxito.

Este caso no es aislado. Durante los años 80, varios miembros de ETA encontraron refugio en Venezuela, en un contexto de acuerdos políticos entre Felipe González, entonces presidente del gobierno español, y Carlos Andrés Pérez, presidente venezolano de aquel entonces.

Actualmente, Olalde figura en la lista de prófugos del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado de España, que a finales de 2025 incluía a más de veinte personas en países como Brasil, Cabo Verde, Cuba, Francia, México, Uruguay y Venezuela.

La organización Dignidad y Justicia, que defiende a víctimas de ETA, ha señalado que la reciente localización de Olalde es una oportunidad única para que responda ante la justicia española por los actos terroristas que se le imputan.

Este episodio recuerda que, incluso en medio de tragedias naturales, las heridas del pasado pueden reaparecer y poner en jaque procesos judiciales que parecían dormidos. Mientras tanto, Venezuela sigue lidiando con las consecuencias de los terremotos, y España con la búsqueda de justicia para sus víctimas.