Este jueves 9 de julio de 2026, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México salió al paso de las versiones difundidas por Carlos Loret de Mola, quien aseguró que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, habría sido trasladado de manera urgente y secreta para evitar su captura por autoridades estadounidenses.

En una carta aclaratoria, las instituciones federales calificaron como “absolutamente falsas” las afirmaciones sobre un supuesto operativo para cambiar de ubicación y ocultar al exfuncionario bajo resguardo militar. Aseguraron que ninguna dependencia del Gabinete ha realizado acciones para proteger o encubrir a personas sujetas a investigaciones nacionales o internacionales.

El comunicado también recordó que la política de cero impunidad se aplica sin distinción de cargos ni filiaciones políticas, y que los resultados son públicos: desde el inicio de la administración se han detenido a más de 56 mil personas por delitos de alto impacto, incluyendo 87 servidores públicos, entre ellos siete presidentes municipales en funciones, gracias a operaciones como la llamada Enjambre y otras labores de inteligencia.

Además, destacaron que la estrategia de seguridad ha logrado reducir en un 46% el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y mayo de 2026. Las autoridades reafirmaron su compromiso de seguir trabajando coordinadamente para garantizar la seguridad ciudadana y combatir la impunidad en todo el país.

Por su parte, Loret de Mola, en su columna publicada este jueves, detalló que el pasado lunes 6 de julio se habría activado una alerta en el círculo cercano a Rocha Moya, lo que derivó en un movimiento intempestivo de fuerzas federales para cambiar la ubicación del gobernador con licencia. Según sus fuentes, la acción se habría tomado ante la sospecha de un operativo inminente de Estados Unidos para aprehenderlo.

El periodista interpretó este episodio como parte de una estrategia deliberada desde Palacio Nacional, señalando que la presidenta Claudia Sheinbaum estaría dispuesta a “blindar” a Rocha Moya, incluso a un costo político y diplomático elevado para su administración.

Mientras la polémica sigue, el Gabinete de Seguridad insiste en que no hay operativos secretos ni protección especial para Rocha Moya, y que la lucha contra la impunidad continúa sin excepciones. En un país donde la seguridad es tema prioritario, estas versiones ponen en evidencia la tensión entre la información oficial y las filtraciones periodísticas, dejando a la ciudadanía en espera de más claridad.