La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) decidió mantener bajo reserva durante cinco años la información relacionada con las comunicaciones entre México y Estados Unidos sobre Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez. Ambos están involucrados en investigaciones abiertas por autoridades estadounidenses.

Esta clasificación no solo abarca las conversaciones diplomáticas, sino también las gestiones, intercambios institucionales y mecanismos de cooperación vinculados con ambos políticos, según una solicitud de transparencia presentada por El Sol de México.

La Cancillería justificó la medida argumentando que la divulgación podría “menoscabar” la confianza entre ambos gobiernos, afectando la colaboración diaria entre sus representaciones. En sus palabras, revelar esta información violaría la expectativa de confidencialidad que Estados Unidos espera del gobierno mexicano.

Además, el Gobierno federal clasificó por tres años las minutas de la reunión del 21 de mayo en Palacio Nacional entre la presidenta Claudia Sheinbaum, miembros del Gabinete de Seguridad y el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Markwayne Mullin. Este encuentro cobró relevancia tras difundirse que Mullin habría planteado la entrega de Rocha Moya e Inzunza para enfrentar las investigaciones en EU.

Las solicitudes de información, presentadas el 26 de mayo, buscaban conocer los detalles de las conversaciones sobre la situación jurídica de los funcionarios sinaloenses. La Unidad de Transparencia de la SRE remitió la petición a la Subsecretaría para América del Norte y a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, que determinaron la clasificación.

El Comité de Transparencia señaló que los documentos contienen posiciones institucionales, solicitudes de cooperación internacional, estrategias de coordinación, análisis y elementos de interlocución diplomática. También advirtió que su difusión podría afectar la imagen de México ante otros países y comprometer futuros acuerdos bilaterales.

Este cierre informativo ocurre 70 días después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos acusara formalmente a Rocha Moya, Inzunza y ocho funcionarios más por presuntos vínculos con el crimen organizado. Terrance Cole, administrador de la DEA, afirmó que “los acusados utilizaron posiciones de confianza para proteger operaciones criminales y facilitar una tubería de drogas mortales hacia Estados Unidos”.

En medio de esta tensión diplomática, la opacidad sobre las negociaciones entre ambos gobiernos deja más preguntas que respuestas, justo cuando la cooperación bilateral en seguridad y justicia parece más necesaria que nunca.