El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Apelación, con sede en el Estado de México, ordenó la liberación inmediata de Jorge Antonio Sánchez Ortega, identificado como el segundo presunto tirador en el homicidio de Luis Donaldo Colosio en marzo de 1994. La decisión se tomó tras desechar los argumentos de la Fiscalía General de la República (FGR), al considerar que la acción penal contra Sánchez Ortega quedó extinguida desde 2015.

El tribunal, integrado por los magistrados Sara Olimpia Reyes García, Karla Guadalupe Pinedo Magaña y Josué Osvaldo Garduño Sánchez, declaró prescrita la acción penal por homicidio simple intencional y revocó el auto de formal prisión dictado el 15 de noviembre de 2025 por un juez federal en el Estado de México. Esto implica la “inmediata libertad” de Sánchez Ortega respecto a la acusación de haber participado en el asesinato del entonces candidato presidencial, ocurrido en la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California.

Uno de los puntos clave en la resolución es que la acción penal debía haberse ejercido antes del 23 de marzo de 2015, fecha límite que precede tanto a la recomendación oficial de 2021 como a la reapertura del caso en 2022 y las consignaciones posteriores en 2023 y 2025. La FGR no logró acreditar que Sánchez Ortega tuviera conocimiento del plan ni que existiera un acuerdo previo con Mario Aburto Martínez, sentenciado como el asesino material de Colosio.

El tribunal también señaló que los datos presentados no son suficientes para atribuir a Sánchez Ortega las calificativas de premeditación y alevosía, aunque no descarta su probable intervención conjunta en el homicidio. Además, se destacó que la agresión ocurrió en un evento multitudinario con dos disparos desde distintos flancos, pero no hay evidencia clara de que los tiradores actuaran coordinadamente o que Sánchez Ortega conociera la ubicación o el momento exacto del ataque.

En la sentencia de 44 páginas, se subraya que Sánchez Ortega, quien en 1994 trabajaba para el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), no sabía del dispositivo de seguridad ni participó en la selección del lugar o el momento del ataque. La falta de pruebas sobre su conocimiento y coordinación con el otro tirador fue determinante para la resolución.

Este caso, que revive uno de los episodios más emblemáticos y controvertidos de la historia política reciente de México, pone sobre la mesa la importancia de los tiempos legales y la necesidad de que las investigaciones se conduzcan con rigor y oportunidad. Mientras tanto, la liberación de Sánchez Ortega abre un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia por el asesinato de Colosio.