El viernes 03 de julio de 2026, un juez federal vinculó a proceso a Marilyn Cote por el delito de suministro de narcóticos y le impuso prisión preventiva por dos meses. Con esta resolución, la mujer que se hizo pasar por psiquiatra acumula ya diez procesos penales en su contra.

La Fiscalía General de la República acusa a Cote de prescribir medicamentos controlados sin contar con título ni cédula profesional, una conducta que el Código Penal Federal castiga con hasta 10 años de prisión.

Este nuevo proceso se suma a otras nueve causas legales que enfrenta, principalmente por usurpación de profesión y amenazas. En audiencias anteriores, la defensa intentó negociar acuerdos económicos para reparar el daño, pero la falta de recursos de Cote canceló esas posibilidades.

Desde su detención el 21 de noviembre de 2024 en Tlaxcala, cuando intentaba evadir a la justicia, Marilyn Cote permanece recluida en el penal femenil de Ciudad Serdán. Durante años, operó su clínica “Neuropsychology: Clinic Marilyn Cote”, clausurada por Cofepris el 7 de noviembre de 2024 por “irregularidades graves”.

Cobraba hasta 1,400 pesos por consulta y prometía curar la depresión en ocho días, aunque la SEP confirmó que no tenía cédula profesional en áreas de salud, sino formación en derecho y criminología.

Los representantes legales de las víctimas han señalado que varios pacientes empeoraron tras seguir los tratamientos con fármacos controlados que Cote recetaba. Dos casos judicializados ocurrieron en 2019 en la colonia Azcárate y en agosto de 2024 en Torres Médicas II, San Andrés Cholula.

El caso ganó relevancia nacional tras ser expuesto por la cuenta “Charlatanes Médicos” en X y por denuncias de poblanas que acudieron a su consultorio por problemas de salud mental.

Curiosamente, antes de esta nueva vinculación, Cote había comenzado a consultar dentro del Centro Penitenciario Femenil de Ciudad Serdán, donde era vista como una figura pacificadora y daba consejos a las internas. Sin embargo, con este nuevo proceso, podría enfrentar hasta 10 años de prisión.

Este caso es un recordatorio de la importancia de sistemas confiables y regulados en salud, y cómo la falta de control puede poner en riesgo la vida de quienes buscan ayuda.