Este martes 30 de junio, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el secretario de Salud, David Kershenobich, confirmó que se investiga un caso de medicamentos caducados en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”. La situación, denunciada por derechohabientes desde hace años, salió a la luz tras una evaluación realizada por la nueva administración del hospital.

Según Kershenobich, se detectaron aproximadamente 18.4 millones de piezas de fármacos vencidos, con un valor superior a 121 millones de pesos, acumulados durante varios años sin ser utilizados. La Secretaría de Salud indaga ahora quiénes son los responsables y las causas del desabasto que derivaron en esta acumulación.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum abrió la posibilidad de que esta situación se deba a una sobrecompra de medicamentos que no se usaron en tiempo y forma. “Hay que ver si se compraron medicamentos de más en algún momento. Porque el que se haya detectado en 2023, no quiere decir que hubiera medicamentos del 2017”, explicó, subrayando la necesidad de revisar las fechas de caducidad para entender el problema.

Mientras tanto, en el mismo hospital, médicos residentes mantienen un paro laboral limitado a actividades no críticas desde hace unas semanas, en protesta por denuncias de acoso sexual, abuso de autoridad y hostigamiento. La Coalición de Médicos Residentes exige la destitución de los responsables y garantías para quienes denuncian, aunque aseguran que áreas como Urgencias y Terapias Intensivas continúan operando para no afectar a los pacientes más vulnerables.

Este caso pone sobre la mesa la importancia de una gestión eficiente y transparente en el sistema de salud pública, donde la acumulación de medicamentos caducados no solo representa un desperdicio millonario, sino también un riesgo para la atención médica. En un contexto donde la modernización y mejora de servicios son urgentes, iniciativas como el cablebús o teleférico en Puebla muestran que la innovación puede ir de la mano con la eficiencia y el bienestar ciudadano. ¿Será posible que la salud pública también tome ese camino?