La polémica en Puebla por el contrato de 307 mil 400 pesos otorgado al influencer Adolfo Lazzari no se apaga. La directora de Convenciones y Parques, Michelle Talavera, reconoció que Lazzari fue su novio, pero negó que eso haya influido en la adjudicación del contrato.

Según Talavera, la relación sentimental ya había terminado cuando se firmó el acuerdo, por lo que descartó un conflicto de interés. Sin embargo, la funcionaria se negó a revelar quiénes fueron los otros influencers involucrados en la estrategia digital, argumentando que se trata de datos personales.

Este silencio ha generado más cuestionamientos. Diversos sectores insisten en que, para disipar dudas sobre el uso de recursos públicos, se debería transparentar:
– Quiénes participaron en la campaña
– Cuántos contenidos produjo cada uno
– Cuánto recibió cada influencer

La controversia comenzó cuando se dio a conocer que el contrato CP-PS-26-ENE-03 fue firmado para promocionar espacios administrados por Convenciones y Parques. Una investigación periodística documentó que Lazzari publicó seis videos que cumplían con el contrato, pero también señaló que el costo podría representar un sobreprecio respecto a las tarifas que él mismo promocionaba para servicios similares.

En respuesta, tanto Lazzari como la dependencia aseguraron que el contrato no era solo para la producción de videos, sino para coordinar una estrategia digital con varios creadores de contenido. Según Convenciones y Parques, esta estrategia incrementó el alcance de sus redes sociales y la afluencia a los parques.

A pesar de ello, la negativa de Talavera a transparentar la lista completa de influencers ha intensificado las críticas en redes sociales y entre actores políticos, quienes reclaman máxima transparencia y rendición de cuentas cuando se manejan recursos públicos.

Hasta ahora, ninguna autoridad fiscalizadora ha determinado la existencia de un conflicto de interés o irregularidad en la contratación. Pero el caso sigue alimentando el debate sobre los estándares de transparencia que deben observar los servidores públicos, especialmente cuando adjudican contratos a personas con las que mantuvieron relaciones personales.

En un contexto donde la confianza en las instituciones es clave, este episodio recuerda que la transparencia no es solo un requisito legal, sino una herramienta para fortalecer la legitimidad y evitar suspicacias.