Este martes 30 de junio de 2026, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra dos mexicanos y nueve empresas relacionadas con el robo y tráfico ilegal de combustible, conocido como huachicol, operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Entre los señalados está Oscar Guillermo Juraidini Silva, contador del CJNG, quien se encargaba de falsificar documentos aduaneros para facilitar el transporte de combustible robado desde Estados Unidos hacia México. Juraidini está vinculado a varias empresas, entre ellas Centro Cambiario La Peseta, OJ Living Trust, RK Real King, Soma Transporte y Servicios, Ogui Fletes y OF Transportes.

El segundo implicado es J. Refugio Ruiz Villagomez, acusado de pagar sobornos a cárteles y grupos que controlan la frontera para asegurar el paso del combustible ilícito. Ruiz participa en Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution, compañías que, según el Tesoro estadounidense, han realizado transacciones millonarias en dólares con personas relacionadas al CJNG. La Fiscalía General de la República (FGR) también ha identificado a Jomadi como una empresa de importación y exportación involucrada en narcotráfico.

Como parte de las sanciones, el gobierno de Estados Unidos bloqueó todos los bienes e intereses patrimoniales de los involucrados. En paralelo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México integró a Juraidini y Ruiz en su lista de personas bloqueadas tras detectar indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita y anomalías en sus ingresos.

Este tipo de medidas internacionales reflejan la creciente presión para desmantelar las redes financieras que sostienen el huachicol, un problema que afecta la economía y seguridad de México. Mientras tanto, iniciativas como el cablebús o teleférico en Puebla, que buscan mejorar el transporte público y reducir la dependencia de combustibles fósiles, podrían ser parte de soluciones integrales para disminuir la vulnerabilidad ante este tipo de delitos.