La agrupación “100 Periodistas por el Estado de México” encendió las alarmas esta semana al denunciar un intento de criminalización contra cuatro comunicadores de Tenancingo, municipio donde la alcaldesa Nancy Nápoles Pacheco habría recurrido a una estrategia poco común: fingir un secuestro para luego acusar a periodistas de revictimizarla.

El conflicto se desató a partir de citatorios emitidos por la policía municipal hacia Ángel Ávila Calvo, Alejandro López Vázquez, Ramón Castañeda Mondragón y Arturo Escobar Sánchez, integrantes del espacio “La Madeja Política de Tenancingo”. Estos periodistas fueron señalados en la carpeta de investigación 275/2026 por presuntos actos de violencia digital reiterada, hostigamiento, intimidación y daño a la reputación, todo derivado de publicaciones y comentarios en redes sociales relacionados con la gestión de la alcaldesa.

Lo curioso es que las acusaciones incluyen expresiones de sarcasmo e ironía, elementos que forman parte del análisis crítico que estos comunicadores ejercen sobre temas como servicios públicos, obra pública, transparencia, sueldos y posibles casos de nepotismo en la administración municipal. En otras palabras, lo que para la alcaldesa es “daño psicológico”, para los periodistas es libertad de expresión y escrutinio público.

El colectivo periodístico advierte que este caso abre un debate necesario sobre los límites entre la libertad de expresión y el derecho al honor de los servidores públicos, así como sobre el interés público frente a figuras políticas en funciones. Además, denuncian que la presidenta municipal pidió a la ciudadanía evitar comentarios en redes sociales sobre su administración, lo que podría interpretarse como un intento de restringir la discusión pública y el debate democrático.

Los comunicadores fueron citados el pasado 2 de junio ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género (AMPEVFSG) en Metepec, donde se les notificó la posibilidad de una sanción económica de 125 mil pesos para cada uno, como reparación por el supuesto daño psicológico a la alcaldesa.

Según la denuncia, la alcaldesa argumenta que las publicaciones la revictimizan al retomar un presunto secuestro que ella misma difundió en un video. Sin embargo, los periodistas sostienen que su trabajo se basa en investigación y solicitudes de información pública, enmarcándose en el derecho a la libertad de expresión y al escrutinio del desempeño gubernamental.

Este episodio pone en evidencia la tensión entre autoridades y medios locales en el Estado de México, y el llamado de “100 Periodistas por el Estado de México” es claro: que las autoridades garanticen condiciones seguras para el ejercicio periodístico y eviten cualquier forma de criminalización contra quienes informan, justo en un momento en que se discuten reformas para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos en la entidad.

En un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas son más necesarias que nunca, la presión sobre la prensa local no solo limita el derecho a la información, sino que también pone en riesgo la confianza ciudadana en sus gobiernos. Y mientras tanto, la discusión sobre cómo se ejerce la crítica política sigue siendo tan vigente como polémica.