Este miércoles 17 de junio de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reasumió su competencia para analizar la constitucionalidad de la prohibición absoluta de la eutanasia y el suicidio asistido en las leyes sanitarias mexicanas.

El caso que motivó esta decisión proviene de una persona que solicitó protección judicial contra la Ley General de Salud y el Código Penal de la Ciudad de México, que actualmente prohíben el acceso a la eutanasia. La promovente, una mujer con formación en tanatología y diagnosticada en dos ocasiones con cáncer de mama, argumenta que imponer la “muerte natural” como única forma jurídicamente válida de morir vulnera su derecho a la autonomía y al desarrollo de la libre personalidad.

Este debate no es menor: la paciente ha dedicado su vida a asistir a personas con enfermedades terminales y ahora reclama que se respeten sus derechos para decidir cómo y cuándo concluir su ciclo vital, basándose en su experiencia profesional y personal.

Durante la sesión, el ministro Arístides Guerrero García recordó que países como Países Bajos y Bélgica permiten la eutanasia desde 2002, Canadá desde 2016 y Colombia desde 1997, cuando la Corte Constitucional despenalizó este procedimiento. Sin embargo, aclaró que la aceptación para discutir el tema no implica aún una postura a favor o en contra.

Otros ministros, como Irving Espinosa Betanzo y Giovanni Figueroa Mejía, coincidieron en la trascendencia excepcional del asunto y en la oportunidad que tiene la SCJN para fijar un criterio novedoso sobre la eutanasia y el suicidio asistido.

La votación para atraer el caso fue mayoritaria: ocho ministros votaron a favor y solo una, María Estela Ríos González, se abstuvo. El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz aseguró que este tema será de suma importancia para la sociedad y que el debate se dará en su momento.

Este avance en la SCJN marca un paso relevante en la discusión sobre derechos individuales y autonomía en México, un país donde la eutanasia sigue siendo un tema tabú y legalmente prohibido. Ahora, la atención está puesta en cómo se desarrollará este debate y qué impacto tendrá en las leyes y en la vida de quienes enfrentan enfermedades terminales.