La diputada local Nayeli “Nay” Salvatori salió al paso de las críticas recibidas tras pronunciarse sobre el caso de Ariana F., la mujer detenida por policías municipales de San Andrés Cholula. En declaraciones recientes, Salvatori aclaró que nunca defendió el consumo de alcohol al volante, sino que su postura se centró en señalar presuntas irregularidades en la detención.

“No defendí a ninguna persona en estado de ebriedad; lo que expuse fueron las presuntas irregularidades en la detención de una mujer en San Andrés Cholula”, afirmó la legisladora, refiriéndose a la polémica generada por los videos que se viralizaron en los últimos días.

El caso comenzó a tomar relevancia pública tras la difusión de grabaciones y antecedentes relacionados con Ariana F., lo que provocó cuestionamientos hacia la postura de Salvatori. La diputada insistió en que su enfoque fue analizar el actuar de los elementos de seguridad y no justificar las acciones de la conductora.

Además, Salvatori expresó su preocupación por la filtración de los videos captados por cámaras de seguridad y dispositivos oficiales. Criticó que la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle Torres, haya declarado desconocer quién filtró las imágenes. “Es grave que la presidenta no sepa, o se haga, quién filtró los videos de su policía”, señaló.

En cuanto a la denuncia formal, la legisladora reveló que la mujer involucrada ya presentó una queja, lo que permitirá a las autoridades investigar si hubo irregularidades durante la intervención policial. Esto contrasta con declaraciones previas de autoridades municipales, que aseguraban no tener conocimiento de una denuncia formal.

El caso sigue bajo investigación. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla abrió una queja de oficio contra cinco policías municipales de San Andrés Cholula, mientras que el Gobierno estatal cuestiona la actuación de la corporación y el cumplimiento de los protocolos de detención.

Lo que comenzó con la difusión de videos de una detención en el Parque Intermunicipal de Cholula se ha convertido en un debate político y jurídico sobre el uso de la fuerza, los derechos de los detenidos y la responsabilidad en el manejo de información sensible durante operativos policiales.