El martes 16 de junio de 2026, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que la Operación Enjambre ha resultado en la detención de más de 85 funcionarios y exfuncionarios públicos presuntamente vinculados con organizaciones criminales, principalmente en el Estado de México.

Entre los detenidos destacan siete presidentes municipales en funciones, directores de seguridad pública, mandos policiacos y servidores públicos de distintos niveles de gobierno. Esta operación fue diseñada para desarticular redes de protección institucional que facilitaban delitos como extorsión, secuestro, homicidio, narcomenudeo y cobro de piso.

Según las investigaciones, varios de estos funcionarios habrían utilizado recursos públicos, información privilegiada y estructuras gubernamentales para beneficiar a grupos del crimen organizado. Hasta ahora, una parte importante de los detenidos ya fue vinculada a proceso por delitos relacionados con delincuencia organizada y ejercicio indebido del servicio público.

Las autoridades federales mantienen abiertas diversas líneas de investigación para determinar el alcance real de estas redes de colaboración entre autoridades locales y grupos criminales. García Harfuch aseguró que el combate a la corrupción y a estos vínculos seguirá siendo una prioridad en la estrategia nacional de seguridad, con la promesa clara: “No habrá impunidad para quienes utilicen cargos públicos para favorecer actividades criminales”.

Este anuncio llega en un momento clave para la seguridad en el país, y aunque la cifra de detenidos es alta, la pregunta que queda en el aire es si estas acciones serán suficientes para romper de raíz la infiltración del crimen en las instituciones públicas.