¿Trabajar en el sector público puede hacerte millonario? En el caso de Paulina González Garibay, exempleada de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Puebla, la respuesta, al menos en papel, parece ser un sí rotundo. Su declaración patrimonial indica que en 2023 percibió más de 60 millones de pesos como sueldo, una cifra que no solo llama la atención, sino que también genera muchas preguntas sobre los salarios y la transparencia en las empresas públicas mexicanas.

## ¿Quién es Paulina González Garibay?

Paulina González Garibay ocupó un puesto en el área de CFE-Distribución, específicamente dentro de las Oficinas Divisionales en Puebla. Sin embargo, su relación laboral con la CFE dio un giro brusco a principios de 2025. De acuerdo con una carta oficial emitida el 27 de febrero de este año por la División de Distribución Centro Oriente en Puebla, la empresa solicitó a la compañía de seguridad Secumax que le restringiera el acceso a las instalaciones, “por ningún motivo”. El oficio, firmado por el jefe del Departamento de Servicios Generales, Manuel Dehesa Toledo, enfatizó la necesidad de manejar la situación con total discreción.

No se han ventilado públicamente las razones detrás de esta medida, pero el contraste entre su millonario ingreso y su salida abrupta de la CFE no ha pasado desapercibido.

## Los números que no cuadran

La declaración de modificación patrimonial 2024 de González Garibay contiene información difícil de ignorar:

– **Remuneración anual neta:** $60,343,974 MXN por su cargo público durante 2023.
– **Otros ingresos:** $0 MXN por actividades adicionales.
– **Ingreso total reportado:** $60,343,974 MXN.

Para ponerlo en perspectiva: esa cantidad supera ampliamente el salario anual de cualquier funcionario público federal, incluyendo al propio Presidente de la República. El caso, por supuesto, exige una revisión y aclaración por parte de las autoridades.

## Mientras tanto, en el otro extremo…

Mientras una funcionaria reporta ingresos millonarios, más de 93 mil jubilados de entidades como Pemex, CFE, Banobras y Luz y Fuerza del Centro enfrentan el recorte de sus pensiones de hasta un 60%. Esto, tras la reforma al artículo 127 constitucional, que pone tope a las llamadas “pensiones doradas” y limita el ingreso máximo a $67,145 pesos mensuales para 2026 (el 50% del salario neto del Ejecutivo federal). Solo los integrantes de las fuerzas armadas quedan fuera de esta restricción.

Esta reforma ha causado polémica, sobre todo porque muchos especialistas cuestionan la retroactividad de la norma y su impacto en derechos adquiridos. La respuesta: litigios, incertidumbre jurídica y, sí, mucha preocupación entre quienes dedicaron décadas al servicio público y ven sus ingresos y estabilidad en riesgo.

## El dilema de los salarios públicos

El caso de González Garibay y la situación de los jubilados reflejan el contraste —y la tensión— que existe en el manejo de recursos dentro del sector público. Por un lado, declaraciones de ingresos que parecen irreales; por otro, recortes que afectan a quienes ya están fuera del mercado laboral.

Más allá del sensacionalismo, estos episodios abren la conversación sobre la transparencia, la rendición de cuentas y la urgencia de equilibrar el gasto público con justicia. Porque, como suele suceder en México, la realidad supera cualquier intento de ficción.