Este jueves, el Congreso de Puebla aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal que marca un antes y un después en la lucha contra la cohabitación forzada en el estado. Con esta decisión, Puebla se convierte en la entidad número 13 en legislar sobre este tema, estableciendo penas de hasta 22 años y medio de prisión para quienes obliguen a menores de edad o personas vulnerables a vivir en pareja bajo condiciones similares al matrimonio.

¿Qué cambia con esta reforma?
– La modificación al artículo 224 del Código Penal fija una pena de 8 a 15 años de cárcel para quien incurra en cohabitación forzada.
– Si la víctima pertenece a una comunidad indígena o afromexicana, o si el agresor tiene una relación de parentesco, tutela, autoridad o dependencia, la condena puede alcanzar los 22 años y medio.
– El dictamen fue impulsado por legisladores de Morena, PT y PVEM, quienes subrayaron que una de cada cinco mujeres en México se une en pareja antes de cumplir los 18 años.

¿Por qué es relevante?
La reforma no surge de la nada:
– En 2022, más de 9 mil bebés nacieron de madres menores de 15 años en el país.
– Puebla registró en 2025 una tasa de fecundidad forzada de 2.95 nacimientos por cada mil niñas de 12 a 14 años, superando el promedio nacional de 2.39, según el Consejo Nacional de Población (Conapo).
– Aunque la cifra bajó respecto a 2018 (cuando era de 3.68), Puebla sigue entre los 10 estados con mayor incidencia.

El trasfondo:
Detrás de estos números persisten factores como discriminación estructural, pobreza, usos y costumbres, así como uniones arregladas entre familias. Todo ello sigue normalizando matrimonios y convivencias tempranas, especialmente en comunidades vulnerables.

El estudio “Características sociodemográficas de las niñas madres y de los progenitores de las(os) hijas(os) de niñas de 10 a 14 años”, del Conapo, ubicó a Puebla el año pasado en el octavo lugar nacional en nacimientos de madres menores de 15 años, solo detrás de entidades como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Campeche, Michoacán y Veracruz.

La reforma busca, además, reducir la deserción escolar y el embarazo adolescente, dos consecuencias directas de la cohabitación forzada. Como lo señala el dictamen aprobado: “Esta propuesta pretende evidenciar la necesidad de evitar los matrimonios forzados de niños, niñas, adolescentes y jóvenes menores de 18 años o que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho, o de personas que no tengan la capacidad para resistirlo”.

En resumen: Puebla endurece las penas y se suma a la tendencia nacional para proteger a los grupos más vulnerables, pero el reto de fondo sigue siendo desmontar las estructuras sociales que perpetúan estas prácticas.