En medio de un ambiente político donde la sombra del crimen organizado sobrevuela más de lo que muchos quisieran admitir, la presidenta Claudia Sheinbaum ha decidido mover ficha. La mañana de este jueves, desde Palacio Nacional, anunció que enviará al Congreso una propuesta de reforma electoral para impedir la postulación de candidatos y candidatas con “riesgo” de vínculo con la delincuencia organizada. ¿La idea? Que, de aprobarse en periodo extraordinario, esta medida ya esté vigente para las elecciones de 2027.

Esta iniciativa no es exactamente nueva. Sheinbaum la desempolva de su llamado “Plan A” de reforma electoral —ese que no pasó el filtro legislativo la primera vez— y la acompaña de otra reforma para el poder judicial, anunciada días antes.

¿Qué propone exactamente la reforma?
Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, dio más detalles:
– Se busca modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
– Se crearía una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas.
– La función de esta Comisión sería revisar (previa solicitud voluntaria de partidos y aspirantes) los antecedentes de quienes busquen cargos de elección popular.

¿Cómo funcionaría este filtro?
1. Los partidos y sus aspirantes entregarían a la Comisión una lista de candidatos.
2. La Comisión consultaría los perfiles con cuatro instancias clave:
– Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
– Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
– Centro Nacional de Inteligencia (CNI)
– Fiscalía General de la República (FGR)
3. Si alguna de estas instituciones detecta señalamientos, delitos o movimientos bancarios irregulares, se elabora un análisis de riesgos.
4. El análisis es confidencial y va directo a los partidos, que deciden si mantienen o retiran la candidatura, incluso cuando haya irregularidades.
5. Solo si se identifica una posible actividad delictiva, se inicia una investigación formal.

Sheinbaum explica que la urgencia de este escrutinio viene de las recientes detenciones derivadas de la Operación Enjambre, que reveló vínculos entre funcionarios y grupos criminales. Además, la mandataria reconoce que esta “deuda” de su Plan A responde a la necesidad de mayor transparencia en las candidaturas, sobre todo después de que la primera propuesta de reforma electoral quedó en el tintero.

¿Y cuándo ocurriría esto?
La intención es que la Comisión esté lista para operar desde el próximo proceso electoral (2027). Pero para lograrlo, el Congreso de la Unión tendría que abrir un periodo extraordinario de sesiones para discutir y, en su caso, aprobar la reforma.

Lo que queda claro es que, en tiempos donde la desconfianza hacia los políticos no es precisamente baja, el filtro anticrimen podría convertirse en un nuevo (y necesario) estándar para quienes aspiren a cargos públicos. Aunque, como en todo, la efectividad dependerá menos del papel y más de la voluntad política para aplicarlo sin excepciones… y sin favoritos.