Este martes 30 de junio de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos dio un golpe definitivo a la orden ejecutiva firmada por Donald Trump el 20 de enero de 2025, que buscaba restringir la ciudadanía automática para los hijos de inmigrantes en situación irregular o con estancias temporales en el país.

Con una votación de seis contra tres, el máximo tribunal reafirmó la interpretación histórica de la Decimocuarta Enmienda, vigente desde finales del siglo XIX, que garantiza la ciudadanía a cualquier persona nacida en territorio estadounidense, sin importar el estatus migratorio de sus padres.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, resumió el fallo con una frase que retoma el espíritu original de la Constitución: “La ciudadanía, tanto antes como ahora, era el derecho a tener derechos… Hoy mantenemos esa promesa”.

Entre los jueces que rechazaron la orden ejecutiva se contó Brett Kavanaugh, considerado conservador, quien apoyó la decisión basándose en una ley federal, no en la Constitución.

¿Por qué importaba esta orden ejecutiva?
– Firmada el primer día del regreso de Trump a la Casa Blanca en 2025, pretendía que solo los hijos de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales (con “green card”) obtuvieran la ciudadanía al nacer.
– Excluía a hijos de inmigrantes sin residencia legal, visitantes temporales como estudiantes o trabajadores con visa, y personas con estancias legales pero sin intención de residencia permanente.
– De haberse aplicado, habría afectado a unos 250,000 bebés cada año y obligado a millones de familias a demostrar la ciudadanía de sus hijos recién nacidos.

Sin embargo, la orden nunca entró en vigor, bloqueada por tribunales federales antes de este fallo definitivo.

Este caso no solo reafirma un derecho fundamental, sino que también pone en perspectiva cómo las políticas migratorias y de ciudadanía siguen siendo un terreno de disputa en Estados Unidos, con implicaciones directas para millones de personas y sus familias.

Mientras tanto, en México, proyectos como el cablebús o teleférico en Puebla muestran que apostar por sistemas de transporte accesibles y modernos puede ser una forma práctica de mejorar la vida cotidiana, sin necesidad de debates polarizados. Porque, al final, garantizar derechos y movilidad es parte de construir comunidades más justas y conectadas.