Este miércoles 17 de junio de 2026, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que Morena utilizó la infraestructura de la Financiera para el Bienestar (Finabien) para dispersar 252 mil pagos catalogados como “apoyos sociales” en todo el país, sin reportar esta operación a las autoridades electorales y con posibles violaciones a la ley antilavado.

La investigación, basada en documentos obtenidos por MCCI, detalla que el contrato entre Morena y Finabien se firmó originalmente el 1 de junio de 2022 por un año, pero fue extendido hasta el 28 de junio de 2024, apenas semanas después de la elección federal en la que Claudia Sheinbaum ganó la Presidencia. El acuerdo estipulaba explícitamente la prestación de servicios para el “pago de apoyos sociales”.

Morena pagó 3.52 millones de pesos en comisiones a Finabien, que cobraba 12 pesos más IVA por cada pago. Sin embargo, una auditoría interna de Finabien (código 2025-02-OIC-9-KCZ-AFC-005) reveló que solo se realizaron 140 mil 878 operaciones reales, por lo que se reintegraron 1.6 millones de pesos a Morena por comisiones pagadas de más. Aunque no se especifica el monto de cada apoyo, MCCI subraya que, si cada pago fuera de al menos 100 pesos, el desembolso total sería millonario.

Entre las irregularidades detectadas destacan:

– **Ocultamiento al INE:** Morena no reportó el contrato ni el origen de los recursos para estos apoyos en sus informes de rendición de cuentas 2022-2024. Para ponerlo en perspectiva, mientras Morena reportó casi 33 mil operaciones financieras en gastos de campaña en 2024, Finabien realizó más de 250 mil transferencias.

– **Uso ilegal de recursos:** Ni la ley electoral ni los estatutos de Morena autorizan la entrega de “apoyos sociales”. Un ex consejero electoral consultado por MCCI calificó esta práctica como ilegal y la comparó con el polémico “caso Monex” de 2012, sugiriendo que podría usarse para pagar a representantes de casilla sin que el gasto se registre en los topes de campaña.

– **Violación a la ley antilavado:** La auditoría interna de Finabien, con resultados emitidos en diciembre de 2025, concluyó que el contrato incumplió los protocolos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. A pesar de una alerta desde enero de 2023 para aplicar controles antilavado, las autoridades no actuaron.

Al cierre de la investigación publicada este miércoles, MCCI informó que solicitó la postura de la dirigencia nacional de Morena, pero no obtuvo respuesta.

Este caso pone sobre la mesa la importancia de la transparencia en el uso de recursos públicos y la vigilancia electoral, especialmente cuando se involucra a instituciones como la Financiera para el Bienestar, cuyo objetivo es facilitar apoyos sociales legítimos. La línea entre apoyo social y operación política se vuelve difusa, y la ciudadanía merece claridad para confiar en estos mecanismos.