Una familia de San Lucas el Grande, en San Salvador El Verde, Puebla, acusa a la Fiscal\u00eda General del Estado (FGE) de haber saqueado su propiedad durante un cateo realizado en la madrugada del 27 de marzo a las 2:00 a.m. El operativo, que involucr\u00f3 a m\u00e1s de 10 elementos armados y la presencia de un veh\u00edculo del Ej\u00e9rcito, dej\u00f3 a la familia con p\u00e9rdidas materiales y sin respuestas claras sobre la legalidad de la diligencia.<\/p>\n
Flor Ruiz y su madre relatan que, al notar la llegada de los agentes, se resguardaron en la azotea mientras su padre, due\u00f1o del terreno, fue impedido de ingresar y no se le mostr\u00f3 la orden judicial. Tras varias horas, al bajar, encontraron desorden en la casa, c\u00e1maras desactivadas y objetos de valor desaparecidos, incluyendo joyas y dinero en efectivo. Adem\u00e1s, el hermano de Flor fue detenido sin explicaci\u00f3n, mientras que su esposa e hijos fueron encerrados en un veh\u00edculo y amedrentados con armas.<\/p>\n
La familia tambi\u00e9n denunci\u00f3 que sus veh\u00edculos particulares y camiones de carga del negocio fueron retirados sin justificaci\u00f3n, y que uno de los choferes presentes ese d\u00eda no recibi\u00f3 ninguna explicaci\u00f3n sobre su intervenci\u00f3n.<\/p>\n
La orden de cateo fue autorizada por el juez Arturo Barranco Montoya, quien, seg\u00fan la familia, est\u00e1 bajo investigaci\u00f3n por la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR), aunque no se han detallado los motivos. La diligencia se bas\u00f3 en denuncias vecinales sobre adolescentes trabajando en el aserradero y la presencia de veh\u00edculos con vidrios polarizados y placas de otros estados, como Michoac\u00e1n. El cateo se justific\u00f3 bajo la sospecha de trata de personas con fines de explotaci\u00f3n laboral de menores, conforme a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.<\/p>\n
Sin embargo, la familia se\u00f1ala m\u00faltiples irregularidades en el proceso: negaci\u00f3n de la presencia de menores, falta de documentaci\u00f3n sobre los objetos y veh\u00edculos retirados, omisi\u00f3n de la presencia del Ej\u00e9rcito y una versi\u00f3n oficial que solo reconoce a seis personas involucradas, cuando las im\u00e1genes de seguridad muestran m\u00e1s del doble de agentes.<\/p>\n
\u201cEs este el tipo de servidores p\u00fablicos que abusan de su autoridad y jueces que autorizan cateos sin pruebas suficientes, bas\u00e1ndose solo en testimonios sin analizar videos ni evidencias\u201d, denuncian.<\/p>\n
En un video difundido en redes sociales, la familia niega las acusaciones y pide apoyo ciudadano para que su caso sea conocido y puedan acceder a la justicia, adem\u00e1s de reactivar su negocio en medio de estas irregularidades.<\/p>\n