El domingo 19 de julio de 2026, Daniel Ortega dejó claro que en Nicaragua no habrá más elecciones que pongan en riesgo el control absoluto del oficialismo. Durante un acto masivo en Managua para conmemorar el 47 aniversario de la revolución sandinista, el presidente sentenció: “Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder”.

Ortega, que gobierna desde 2007 junto a su esposa Rosario Murillo, ahora copresidenta desde febrero de 2025, acusó a la oposición exiliada de estar “agazapada” y de buscar enriquecerse a costa de un eventual triunfo electoral. En su discurso, anunció que trabajarán con la Asamblea Nacional —controlada por el oficialismo— para crear leyes que “pongan un muro” contra los “golpistas” y “vendepatrias”, sin importar el dinero que les envíen desde Estados Unidos.

Este cierre de puertas a la alternancia democrática se da en el contexto de una reforma constitucional aprobada a inicios de 2025 que eliminó el equilibrio de poderes y amplió el periodo presidencial de cinco a seis años, además de legalizar la figura de copresidencia para Murillo. Esta reforma ha sido duramente criticada por organismos internacionales como la ONU, la OEA y el Parlamento Europeo, así como por la oposición nicaragüense.

En teoría, Nicaragua debería celebrar elecciones generales en noviembre de 2026, pero la enmienda pospuso el proceso hasta noviembre de 2027, consolidando el poder de Ortega y Murillo. En enero pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos acusó a Murillo de haberse inventado el cargo de copresidenta sin mandato ni legitimidad, y de negar “cobardemente” a los nicaragüenses el derecho al voto democrático porque “sabe que no puede ganar”.

Así, el régimen sandinista reafirma que su poder se sostiene en la represión y la manipulación constitucional, lejos de la voluntad popular, mientras Nicaragua se aleja cada vez más de la democracia electoral.