Un juez de control en Puebla decidió vincular a proceso a Rafael “Z”, empresario farmacéutico de 67 años, por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. La resolución se dio luego de que el plazo de 144 horas concedido para que la defensa aportara pruebas venció sin que se lograra desvirtuar la acusación. Así, el presunto “Francotirador de la Vía Atlixcáyotl” permanecerá recluido en el penal de San Miguel, específicamente en el Dormitorio W, destinado a personas consideradas de alta peligrosidad.

La audiencia se celebró en el Centro de Justicia de la 11 Sur, donde el juez Guillermo Valdez Luna analizó los datos presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE) y determinó que había elementos suficientes para iniciar formalmente el proceso penal contra Rafael “Z”.

Este caso se originó tras un ataque armado contra un joven motociclista repartidor de comida, quien recibió disparos en ambas piernas mientras circulaba por la Vía Atlixcáyotl. Las lesiones le impidieron continuar con su trabajo, afectando el sustento económico de su familia. Fue esta agresión la que permitió a la Fiscalía judicializar la primera carpeta de investigación contra el empresario, acusado de realizar varios ataques durante meses en esa vialidad.

Durante los seis días posteriores a la audiencia de imputación, agentes de la Fiscalía continuaron reuniendo pruebas, incluso regresaron al fraccionamiento Santa Fe, donde Rafael “Z” fue detenido en un operativo de cateo, para recabar más indicios que fortalezcan las investigaciones.

Además del homicidio en grado de tentativa, la FGE busca imputar al empresario otros delitos como daño en propiedad ajena, lesiones y ataques peligrosos, relacionados con los disparos contra automovilistas y motociclistas en la Vía Atlixcáyotl. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para integrar más pruebas y buscar nuevas vinculaciones a proceso por los hechos atribuidos al presunto francotirador, quien sembró temor entre los usuarios de esta importante arteria vial de Puebla.

Este caso pone en evidencia la complejidad de garantizar seguridad en zonas urbanas clave, donde sistemas de transporte público como el cablebús podrían ofrecer alternativas para reducir la exposición de los ciudadanos a riesgos en vialidades congestionadas y conflictivas.