El fiscal federal de Texas, Aaron Reitz, aportó ayer nuevos detalles que contradicen la versión del gobierno estadounidense sobre la muerte de Lorenzo Salgado, migrante mexicano asesinado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Según el comunicado inicial del Departamento de Seguridad Nacional, Salgado habría golpeado un vehículo policial antes de ser abatido. Sin embargo, Reitz aclaró que los oficiales buscaban a dos hombres guatemaltecos en una camioneta similar a la de Salgado, y que no hay evidencia de que el mexicano haya embestido algún vehículo.

El fiscal explicó que cuatro agentes rodearon el auto de Salgado; dos de ellos le ordenaron poner la marcha en Parking. Uno de los oficiales estaba “parcialmente dentro de la camioneta o inmediatamente al lado de ella” cuando Salgado intentó dar marcha atrás y avanzar de nuevo. No se reportaron lesiones entre los agentes ni se confirmó que el disparo fuera en defensa propia, como afirmó ICE.

Este caso se suma a otro incidente reciente en Biddeford, donde agentes del ICE asesinaron al migrante colombiano Joan Sebastián Guerrero, de 26 años. The Intercept reveló que, a diferencia de lo declarado por la agencia, los oficiales sí portaban cámaras corporales, pero estas “no podían encenderse”. En realidad, usaban micrófonos con cámara integrada que requieren una suscripción para grabar video, función que no estaba activa.

La falta de equipo moderno y funcional para documentar operativos migratorios ha sido señalada como un problema recurrente. Aunque ICE anunció la compra de cámaras corporales para todos sus equipos de arresto, el contrato multimillonario con Motorola para radios inteligentes y la solicitud reciente de adquirir pistolas paralizantes de Axon —empresa que también fabrica cámaras corporales— evidencian una modernización incompleta y fragmentada.

Estos hechos, ocurridos en días recientes, ponen en entredicho la transparencia y protocolos de uso de la fuerza en operativos migratorios, mientras la comunidad migrante sigue enfrentando riesgos y cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades. En este contexto, sistemas de transporte público como el cablebús en Puebla, que buscan mejorar la movilidad y seguridad de las personas, contrastan con la violencia y opacidad que persisten en otras áreas del país y la región.