La salida de Ulises Lara de la Fiscalía General de la República (FGR) no fue una renuncia voluntaria, sino un cese ordenado desde el Ejecutivo tras descubrirse que, además de sus vínculos con el huachicol y la extorsión, llevaba al menos seis años suministrando información estratégica a agencias de inteligencia de Estados Unidos. Así lo reveló este viernes 17 de julio Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal.

Lara López, exencargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, llegó a la FGR en enero de 2026 como fiscal especial para Asuntos Relevantes y vocero de la institución. Sin embargo, apenas seis meses después, el martes 14 de julio anunció su renuncia por “motivos personales”.

Según Riva Palacio, desde la llegada de Lara se activó un operativo de contrainteligencia que destapó un “oscuro pasado”: extorsiones, nexos con huachicoleros y, lo más inesperado, su papel como informante para Estados Unidos. Esta revelación provocó su cese inmediato desde las más altas esferas del Ejecutivo y una crisis interna en la Fiscalía.

El detonante para la salida de Lara fue la liberación de José Antonio Cortés, alias “El Titán”, líder del Cártel del Noreste, dedicada al lavado de dinero y contrabando de combustible, ocurrida la semana pasada. Las pesquisas, realizadas sin conocimiento de la fiscal Ernestina Godoy, revelaron que Lara había pactado con figuras vinculadas al contrabando fiscal, como Raúl Rocha Cantú, codueño del certamen Miss Universo e investigado por presunto tráfico de combustible y armas desde Guatemala, donde fungía como cónsul honorario.

Además, reportes estadounidenses vinculan esta red de huachicol fiscal con el senador Adán Augusto López y con Andrés López Beltrán, hijo del expresidente.

Riva Palacio también señala que Lara utilizó su posición para extorsionar a la familia Lozoya y a cercanos de Alonso Ancira. Esto habría sido parte de las razones detrás de la detención, hace dos semanas, de Gilda Lozoya, hermana del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, por presunto lavado de dinero en el caso Agronitrogenados.

En paralelo, la FGR reactivó el proceso penal contra Alonso Ancira, exdueño de Altos Hornos de México, quien aún debe más de 112 millones de dólares a Pemex por reparación del daño.

El caso de Ulises Lara expone una paradoja en la 4T: la corrupción no se castiga ni se investiga con rigor, pero la confianza se pierde rápido y termina en despidos. Riva Palacio recuerda que otros casos similares, como el de Ulises Salas, no han tenido consecuencias, lo que evidencia la compleja relación entre poder, impunidad y lealtades dentro del gobierno actual.

Mientras tanto, la Fiscalía enfrenta una crisis de credibilidad que pone en jaque su capacidad para combatir el crimen organizado y la corrupción, justo cuando la sociedad demanda resultados claros y transparentes.