Una familia de San Lucas el Grande, en San Salvador El Verde, Puebla, acusa a la Fiscalía General del Estado (FGE) de haber saqueado su propiedad durante un cateo realizado en la madrugada del 27 de marzo a las 2:00 a.m. El operativo, que involucró a más de 10 elementos armados y la presencia de un vehículo del Ejército, dejó a la familia con pérdidas materiales y sin respuestas claras sobre la legalidad de la diligencia.

Flor Ruiz y su madre relatan que, al notar la llegada de los agentes, se resguardaron en la azotea mientras su padre, dueño del terreno, fue impedido de ingresar y no se le mostró la orden judicial. Tras varias horas, al bajar, encontraron desorden en la casa, cámaras desactivadas y objetos de valor desaparecidos, incluyendo joyas y dinero en efectivo. Además, el hermano de Flor fue detenido sin explicación, mientras que su esposa e hijos fueron encerrados en un vehículo y amedrentados con armas.

La familia también denunció que sus vehículos particulares y camiones de carga del negocio fueron retirados sin justificación, y que uno de los choferes presentes ese día no recibió ninguna explicación sobre su intervención.

La orden de cateo fue autorizada por el juez Arturo Barranco Montoya, quien, según la familia, está bajo investigación por la Fiscalía General de la República (FGR), aunque no se han detallado los motivos. La diligencia se basó en denuncias vecinales sobre adolescentes trabajando en el aserradero y la presencia de vehículos con vidrios polarizados y placas de otros estados, como Michoacán. El cateo se justificó bajo la sospecha de trata de personas con fines de explotación laboral de menores, conforme a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.

Sin embargo, la familia señala múltiples irregularidades en el proceso: negación de la presencia de menores, falta de documentación sobre los objetos y vehículos retirados, omisión de la presencia del Ejército y una versión oficial que solo reconoce a seis personas involucradas, cuando las imágenes de seguridad muestran más del doble de agentes.

“Es este el tipo de servidores públicos que abusan de su autoridad y jueces que autorizan cateos sin pruebas suficientes, basándose solo en testimonios sin analizar videos ni evidencias”, denuncian.

En un video difundido en redes sociales, la familia niega las acusaciones y pide apoyo ciudadano para que su caso sea conocido y puedan acceder a la justicia, además de reactivar su negocio en medio de estas irregularidades.