La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, no se guardó nada este viernes 17 de julio de 2026 y lanzó una dura crítica contra Morena y el Gobierno federal. En un mensaje publicado en su cuenta de X, acusó a quienes, según ella, han hecho “pactos con el crimen organizado” y protegen a funcionarios señalados por la justicia, calificándolos como “verdaderos traidores a la patria”.

El detonante de esta nueva confrontación política fueron los audios atribuidos a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, que han generado polémica nacional. En esas grabaciones, Marina del Pilar supuestamente dialoga con intermediarios del gobierno de Estados Unidos para ofrecer cooperación a cambio de resolver su situación migratoria. La mandataria bajacaliforniana reconoció la autenticidad de las conversaciones, pero aseguró que fue víctima de una trampa y negó haber comprometido información sensible o la soberanía nacional.

Maru Campos fue clara: “Entregar la seguridad del país a cambio de impunidad tiene un solo nombre: traición a la Patria”. Además, destacó que en Chihuahua han enfrentado al crimen “con la ley en la mano”, en un contraste implícito con lo que ella percibe como una actitud permisiva desde el Gobierno federal.

La gobernadora panista también respondió a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien en su conferencia matutina del mismo día afirmó que el caso de Marina del Pilar es distinto al de Chihuahua. Sheinbaum dijo no encontrar elementos que acrediten la entrega de información que comprometa la seguridad nacional en los audios de Baja California, mientras que el caso chihuahuense está relacionado con la presunta operación de agentes extranjeros en territorio mexicano.

Campos replicó: “La Presidenta dijo que son casos distintos. Tiene razón. Son tan distintos que hay que decirlo con todas sus letras”. Y remató con un llamado al Gobierno federal para “romper el pacto con el crimen”.

Este intercambio no es nuevo. En junio, la gobernadora ya había acusado al gobierno federal de proteger a políticos vinculados con el crimen organizado, lo que, según ella, pone en riesgo la soberanía nacional. Morena respondió acusándola de permitir la intervención de agentes extranjeros en Chihuahua y de vulnerar la Constitución.

Mientras el debate nacional sigue encendido por los audios de Marina del Pilar y las implicaciones sobre la cooperación con Estados Unidos, la soberanía y el combate al crimen organizado, esta confrontación política entre Chihuahua y el Gobierno federal muestra que la disputa va más allá de un solo caso.

En un país donde la seguridad y la justicia son temas que afectan a todos, estas tensiones evidencian la complejidad de enfrentar al crimen organizado sin caer en pactos que comprometan la integridad del Estado. Y aunque el debate se centre en audios y acusaciones, la exigencia de transparencia y firmeza es un reclamo que resuena en distintas regiones, desde Chihuahua hasta Baja California.