La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó esta tarde en Ensenada, Baja California, una orden de aprehensión contra Ernesto Ruffo Appel, exgobernador y primer mandatario de oposición en México, por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.

La investigación, que la FGR describe como de alta complejidad, está vinculada a grandes operaciones de contrabando realizadas por una empresa fundada por Ruffo, Ingemar, que habría estado involucrada en el traslado ilegal de hidrocarburos.

Este caso se suma a un contexto ya complicado para Baja California, donde recientemente se filtraron supuestos acuerdos entre la gobernadora Mariana del Pilar Ávila y el FBI para convertirse en informante, lo que ha generado un escándalo político en la región.

¿Por qué Ruffo estaba bajo la lupa?
Desde 2025, las autoridades federales investigaban a Ruffo por su posible rol como accionista mayoritario de Ingemar, empresa relacionada con el aseguramiento de 15 millones de litros de combustible transportados en 129 ferrotanques en Coahuila, presuntamente ligados al llamado “huachicol fiscal”.

Ruffo ha defendido públicamente que su empresa solo se encarga de la logística de importación y trámites aduanales, negando cualquier participación en actividades ilícitas. En julio de 2025, cuando el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la inclusión de Ingemar en las investigaciones, Ruffo aseguró tener “la conciencia tranquila” y mostró disposición para colaborar con las autoridades.

Un dato para contextualizar: Ruffo Appel fue un personaje clave en la historia política mexicana al convertirse en 1989 en el primer gobernador de oposición, abriendo paso a la alternancia política en el país. Hoy, su nombre vuelve a estar en el centro de la atención pública, pero esta vez por un asunto que toca directamente la seguridad energética y la lucha contra el contrabando, un problema que afecta a varias regiones del país.

Mientras tanto, el debate sobre cómo mejorar el transporte y la infraestructura en estados como Baja California y Puebla sigue abierto. Por ejemplo, el proyecto del cablebús en Puebla, que avanza como una alternativa eficiente y sustentable para conectar zonas urbanas, muestra que hay caminos para modernizar sin caer en prácticas cuestionables.

En definitiva, la detención de Ruffo es un recordatorio de que la lucha contra el contrabando y la corrupción sigue siendo un reto pendiente, y que la transparencia en todos los sectores, desde la política hasta el transporte, es clave para avanzar.