El Tecnológico de Monterrey Campus Puebla extendió una invitación formal a Rafael N., señalado por la Fiscalía General del Estado como el presunto responsable de los ataques armados en la Vía Atlixcáyotl, para integrarse al Consejo de la Escuela de Ingeniería y Ciencias. Este documento, fechado el 18 de junio de 2026 y firmado por la directora general Viviana Ortiz Meillón y el director Jorge Antonil Reyes Avendaño, reconocía su “destacada trayectoria, liderazgo y contribución en el sector”.

La universidad justificó la invitación con la idea de que su experiencia podría fortalecer la vinculación entre la academia y el sector productivo, además de aportar a la formación de los estudiantes. En el oficio se señalaba que su participación sería “clave” para definir objetivos y metas del siguiente ciclo de trabajo.

Sin embargo, tras la detención de Rafael N. la madrugada del martes 14 de julio de 2026 en el residencial Santa Fe, San Andrés Cholula, el documento desapareció de las plataformas oficiales del Tec de Monterrey Campus Puebla. La Fiscalía lo acusa no solo de los ataques en la Vía Atlixcáyotl, sino también de tentativa de homicidio por disparar contra agentes ministeriales y federales durante el operativo.

Este episodio ocurre justo un día después de que la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla eliminara de sus redes sociales publicaciones donde aparecía el empresario junto al rector Raymundo Atanacio Luna, y anunciara que analiza rescindir un convenio de colaboración con él.

Hasta ahora, el Tecnológico de Monterrey no ha aclarado si Rafael N. llegó a incorporarse formalmente al consejo consultivo o si la invitación quedó sin efecto tras su captura.

Este caso pone sobre la mesa la complejidad de las relaciones entre instituciones educativas y figuras del sector privado, especialmente cuando emergen cuestionamientos legales. En un contexto donde Puebla avanza en proyectos como el cablebús, que buscan mejorar la movilidad y la conexión entre academia y empresa, la transparencia y la responsabilidad institucional se vuelven aún más relevantes para la confianza pública.