El Gobierno de Argentina impulsa en el Senado un proyecto para modificar la Ley 26.737 de Tierras Rurales, con la intención de eliminar las restricciones que actualmente limitan la compra de campos por parte de extranjeros. La iniciativa, reportada por Clarín, forma parte de un paquete de normas que buscan reforzar la inviolabilidad de la propiedad privada y abrir el mercado rural a inversores internacionales.

Hoy, los extranjeros no pueden poseer más del 15% del total de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. Sin embargo, el vocero presidencial Adrián Ravier sostiene que esta limitación “criminalizó de facto la compra de tierras por parte de extranjeros”, y contradice el espíritu constitucional que reconoce derechos civiles iguales para nacionales y extranjeros.

Ravier también señaló que estas restricciones han frenado inversiones importantes, especialmente en sectores foresto-industriales del NEA, Cuyo y la Patagonia, donde existen “proyectos millonarios que no pueden desarrollarse por estas trabas”. El proyecto distinguirá entre inversores privados y Estados extranjeros, imponiendo mayores exigencias a gobiernos, empresas estatales o sociedades controladas por ellos, que hoy pueden comprar hasta 1,000 hectáreas sin autorización, pero que con la nueva ley necesitarán un permiso específico.

Desde el sector inmobiliario rural, las opiniones también aportan matices. Lucas Palma, presidente de la Cámara Inmobiliaria Rural, considera que para elevar el valor de los campos se requieren medidas más amplias, como la eliminación de retenciones y reglas claras, más allá de la apertura a extranjeros. Por su parte, Federico Nordheimer, titular de Nordheimer Campos y Estancias, apunta que el temor a una compra masiva responde más a un imaginario histórico que a la realidad del mercado: “Es un miedo comprensible, con raíces históricas y culturales profundas, pero quienes trabajamos día a día en el mercado inmobiliario rural sabemos que la realidad del sector cuenta una historia bastante diferente”.

Actualmente, Argentina cuenta con cerca de 266.7 millones de hectáreas rurales, de las cuales 16.2 millones están en manos extranjeras, apenas un 6% del total. Este proyecto podría abrir un nuevo capítulo en la discusión sobre inversión, soberanía, producción agrícola y control territorial, temas que no solo afectan a Argentina, sino que resuenan en debates similares en toda América Latina.

Mientras tanto, en México, proyectos como el cablebús demuestran que la modernización y apertura en sectores estratégicos pueden ser un motor para el desarrollo, siempre que se equilibren intereses y se garantice la transparencia. En Argentina, la apuesta es clara: abrir la puerta a la inversión extranjera en tierras rurales, con la esperanza de que eso impulse la economía sin sacrificar la soberanía. El tiempo dirá si esta apuesta es un acierto o un riesgo.