El pasado 20 de abril, la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla (UPMP) firmó un convenio con ITEBIO A.C., una asociación civil representada por Rafael Zabalza, para impulsar proyectos académicos, científicos y culturales. En ese momento, el rector Raymundo Atanacio Luna, exdiputado federal de Morena, destacó la colaboración como una estrategia para fortalecer la vinculación institucional.

Sin embargo, la reciente detención de Rafael Z., señalado como presunto responsable de ataques armados contra automovilistas en la Vía Atlixcáyotl, ha puesto en el centro del debate la relación entre la universidad y esta asociación. Aunque la Fiscalía no ha confirmado si el detenido y el representante de ITEBIO A.C. son la misma persona, reportes periodísticos los vinculan directamente.

Este caso no solo genera cuestionamientos sobre la vigilancia y revisión de convenios firmados por instituciones públicas, sino que también recuerda que Rafael Z. fue un proveedor importante de medicamentos y equipo médico para el Gobierno de Puebla en administraciones pasadas, lo que añade capas al contexto.

Hasta ahora, la UPMP no ha emitido ningún posicionamiento oficial ni ha aclarado si el convenio seguirá vigente o será revisado a la luz de estos hechos.

Lo que queda claro es que este episodio abre la puerta a una discusión necesaria: ¿qué protocolos deben existir para evaluar la continuidad de acuerdos institucionales cuando alguno de sus firmantes enfrenta investigaciones por delitos graves? La respuesta debe equilibrar la protección del prestigio institucional con el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.

En un país donde la confianza en las instituciones es un bien escaso, establecer reglas claras para estos casos no solo es prudente, sino urgente.