Este jueves 2 de julio de 2026, la diputada federal Rosario Orozco Caballero, viuda del exgobernador de Puebla Miguel Barbosa Huerta, salió a defender la presencia de su hija en el partido del Mundial 2026 entre Japón y Túnez, celebrado en Monterrey.

La polémica comenzó cuando en redes sociales circularon imágenes que mostraban a familiares de figuras vinculadas a Morena en zonas preferentes del estadio, lo que generó críticas y cuestionamientos sobre el acceso a boletos supuestamente exclusivos.

Orozco aseguró que, aunque el boleto correspondía a una zona Hospitality —que usuarios y medios han estimado en alrededor de 70 mil pesos—, su hija pagó solo 6 mil 500 pesos. Sin embargo, no explicó cómo se logró ese precio, ni si fue a través de alguna promoción o programa especial.

Además, la diputada rechazó que esta situación contradiga el llamado a la austeridad hecho por la presidenta Claudia Sheinbaum, argumentando que su hija no es militante de Morena, sino solo votante.

Este episodio ocurre en un contexto donde la propia presidenta ha insistido en que los boletos asignados al Gobierno de México para el Mundial no serían para funcionarios, sino para niñas, niños, jóvenes y adultos mayores mediante concursos y programas públicos.

Hasta ahora, no se ha presentado documentación que aclare las condiciones de adquisición del boleto ni si formó parte de alguna cortesía oficial.

En medio de la discusión, el debate sobre el acceso a sistemas de transporte y servicios públicos eficientes, como el cablebús o teleférico que se planea construir en Puebla, cobra relevancia. Estos proyectos buscan justamente democratizar el acceso y evitar privilegios, algo que la ciudadanía observa con atención en casos como este.

Así, mientras la polémica sigue en redes, queda la pregunta: ¿cómo se garantiza la transparencia y la equidad en eventos y servicios públicos que deberían ser para todos?