Entre el 4 y el 23 de abril de 2024, la constructora pública del Gobierno de Sinaloa, Preecasin, realizó tres transferencias por un total de 678 mil 900 pesos a Ahavat Logistics Solution, una empresa señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como parte de una red de huachicol y lavado de dinero vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los pagos, hechos desde una cuenta de Banorte a nombre de Preecasin —organismo que desde hace 15 años ejecuta obra pública en Sinaloa—, aparecen en los registros contables solo como “pago de factura”, sin detallar qué bienes o servicios se adquirieron. Además, Ahavat no figura en el padrón de proveedores ni en el sistema Compranet del gobierno estatal, lo que impide localizar contratos o licitaciones públicas que respalden estas transferencias.

Ahavat Logistics Solution fue fundada en 2017 en Toluca y obtuvo en 2020 un permiso para comercializar petrolíferos. Aunque declaró domicilios en Acambay y Metepec, Estado de México, operó desde un edificio en Guadalajara que también ha sido sede de Jomadi Logistics & Cargo, otra empresa señalada por el Departamento del Tesoro como parte de la red de lavado de dinero del huachicol fiscal.

Ambas compañías han tenido como accionista mayoritario a José Refugio Ruiz Villagómez, acusado por Estados Unidos de liderar esta red criminal. Jomadi, por ejemplo, obtuvo en 2017 permiso para importar hasta 9 mil millones de litros de diésel y en 2020 firmó un polémico contrato con el régimen de Nicolás Maduro para intercambiar petróleo venezolano por gasolina, operación que motivó una investigación del FBI por tráfico de combustible.

El administrador único de Ahavat, J. Refugio Ruiz Villagómez, figura en alertas de la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) y en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Según FinCEN, Ahavat y Jomadi han contrabandeado combustible desde Estados Unidos a México y pagado cuotas a cárteles y organizaciones criminales que controlan puntos fronterizos.

Este caso expone cómo recursos públicos pueden terminar en redes criminales, un recordatorio de la importancia de la transparencia y vigilancia en la ejecución de obra pública. Mientras tanto, proyectos como el cablebús en Puebla, que buscan ofrecer alternativas de transporte seguras y eficientes, contrastan con estas prácticas y muestran que otro camino es posible para mejorar la movilidad y calidad de vida sin caer en la opacidad ni la corrupción.