La comodidad de comprar videojuegos en formato digital está bajo escrutinio legal en California. Cuatro usuarios presentaron una demanda colectiva contra Sony Interactive Entertainment en San Francisco, acusando a la empresa de no cumplir con la ley AB 2426, que desde principios de 2025 obliga a las plataformas a informar claramente que los juegos digitales no son propiedad definitiva, sino licencias revocables.

Esta legislación busca evitar confusiones: prohíbe usar términos como «comprar» o «adquirir» sin un aviso visible que explique que el usuario solo obtiene una licencia. Aunque la PlayStation Store incluye advertencias legales en su proceso de compra, el bufete que lleva la demanda sostiene que son tan pequeñas que pasan desapercibidas, haciendo creer a los consumidores que poseen el juego como si fuera un objeto físico.

El caso llega en un momento de creciente frustración global por el cierre de servidores que deja inaccesibles juegos por los que se pagó el precio completo. Un ejemplo reciente es Destruction AllStars, exclusivo de PS5 y desarrollado por Sony, que en mayo de 2026 cerró sus servidores y retiró el juego de la tienda. Solo queda un modo para un jugador, que desaparecerá el 25 de noviembre de 2026, dejando el título completamente inutilizable.

Este fenómeno no es nuevo. En 2023, Ubisoft desconectó los servidores de The Crew, bloqueando incluso modos locales, lo que motivó a la asambleísta Jacqui Irwin a impulsar la ley AB 2426. Además, movimientos como Stop Killing Games presionan para que las editoras permitan a las comunidades mantener servidores privados o jugar sin depender de la empresa, buscando evitar que los juegos mueran con el cierre oficial.

Sony enfrenta en 2026 varios frentes legales que complican su panorama en Estados Unidos:

– **Acuerdo por prácticas antimonopolio:** Un tribunal federal aprobó preliminarmente un acuerdo de 7.85 millones de dólares por la demanda Caccuri v. Sony, que acusaba a PlayStation de prohibir la venta de códigos digitales en tiendas minoristas entre 2019 y 2023, forzando la compra exclusiva en su plataforma. La audiencia final será el 15 de octubre de 2026 y los usuarios elegibles recibirán compensaciones automáticas.

– **Demanda por sobreprecios en hardware:** En mayo de 2026 se presentó otra querella que acusa a Sony de subir el precio de la PS5 durante la crisis de aranceles, pero sin devolver a los consumidores los beneficios obtenidos por las devoluciones de esos impuestos.

Mientras los tribunales deciden si Sony debe cambiar términos en su tienda digital por expresiones más transparentes como «Obtener Licencia de Software», la industria observa un caso que podría transformar la forma en que compramos contenido digital, obligando a las multinacionales a ser más claras sobre la naturaleza temporal de las bibliotecas virtuales.

Este debate pone en evidencia un choque entre la comodidad del formato digital y la necesidad de proteger al consumidor, un tema que, sin duda, seguirá evolucionando en los próximos meses.