Gil Armando Méndez Grappin, alcalde de San Rafael, Veracruz, está en el ojo del huracán tras acusaciones de la Colectiva Resistencia Feminista Yautepec, que lo señalan de haber ocultado a su sobrino, Ricardo R. S., acusado de feminicidio en contra de Andrea Maylín Chino Ramos en Yautepec, Morelos.

La denuncia pública, difundida en redes sociales, apunta a que el edil, militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), habría protegido no solo a su sobrino, sino también a los padres de este, Viola S. y Ricardo R. C., quienes fueron detenidos el 17 de junio de 2026. Viola fue arrestada en San Rafael, Veracruz, mientras que Ricardo fue aprehendido en el Estado de México.

Este caso se enmarca en la aplicación de la Ley Monse, pionera en Morelos y aprobada en Veracruz el 28 de octubre de 2025, que elimina la “excusa absolutoria” para familiares que encubren delitos graves como feminicidio. La ley fue clave para la detención de los padres del presunto feminicida, pero la posible complicidad del alcalde abre un nuevo capítulo en la investigación.

El feminicidio de Andrea Maylín ocurrió el 20 de junio de 2025, cuando la joven de 22 años desapareció tras salir con Ricardo R. S. Tres días después, él se comunicó con la familia sin saber su paradero. El cuerpo de Andrea fue encontrado el 30 de julio de 2025 cerca del domicilio de la familia de Ricardo en Yautepec. Desde entonces, Ricardo R. S. está prófugo, presuntamente con apoyo familiar.

La Colectiva Resistencia Feminista Yautepec cuestiona la actuación del alcalde: “¿Cómo es posible que un servidor público actúe como cómplice de un feminicidio?”, y subraya que “proteger a un asesino no es amor de padres, es complicidad”.

Mientras las autoridades continúan con las investigaciones, este caso pone en evidencia los retos que enfrentan las leyes contra el feminicidio y la importancia de que los servidores públicos actúen con transparencia y responsabilidad, especialmente cuando están involucrados en redes familiares.