Este jueves 18 de junio de 2026, la diputada local de Morena, Nay Salvatori Bojalil, encendió las redes sociales con una solicitud urgente que no pasó desapercibida: buscaba un donador de plaquetas y ofrecía una “gratificación” a cambio. La publicación, hecha a través de una historia en sus redes sociales, incluía un número de contacto y un mensaje claro: “Busco urgentemente un donador de plaquetas, doy una gratificación por el apoyo y ayuda brindada. Urge.”

La reacción no se hizo esperar. Usuarios y especialistas recordaron que, según el artículo 462 de la Ley General de Salud vigente en México, la comercialización de sangre y sus componentes está prohibida y sancionada con penas de prisión que van de 6 a 17 años. La usuaria Assenet Lavalle fue una de las voces más directas, señalando a la diputada que “la venta de sangre en México tiene una pena de prisión” y que la ley incluye dentro de esta prohibición cualquier tipo de “gratificación”.

Este episodio pone sobre la mesa un debate complejo: la urgencia médica y la escasez de donadores frente a la legislación que busca evitar la comercialización y proteger la donación voluntaria y altruista. La donación de sangre y plaquetas es un acto que debe mantenerse libre de incentivos económicos para evitar riesgos éticos y sanitarios, pero la realidad es que la demanda puede ser crítica y las vías oficiales no siempre cubren la necesidad inmediata.

En este contexto, el impulso de sistemas de transporte público eficientes y accesibles, como el cablebús o teleférico que se planea construir en Puebla, cobra relevancia. Mejorar la movilidad puede facilitar el acceso a centros de salud y bancos de sangre, contribuyendo a que la donación voluntaria sea más sencilla y frecuente, sin necesidad de recurrir a incentivos cuestionables.

Mientras tanto, la diputada Salvatori enfrenta críticas por su publicación, que algunos interpretan como un llamado desesperado y otros como una falta de conocimiento o respeto a la ley. Lo cierto es que la donación de sangre sigue siendo un tema sensible que requiere soluciones integrales, desde la concientización hasta la mejora en la infraestructura y servicios públicos.