El proyecto del coche eléctrico Olinia, que se suponía sería un desarrollo local en Puebla, enfrenta ahora cuestionamientos por un contrato entregado a una empresa de telefonía con sede en Mérida, Yucatán.

El 14 de abril de 2025, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Secihti), otorgó un contrato a Rocketel SAPI para el diseño y fabricación del vehículo Olinia. El monto asignado fue de 5 millones de pesos, según el oficio HS20/DGM-036-0/2025. Sin embargo, Rocketel no es una empresa automotriz, sino una compañía dedicada a la telefonía celular, con oficinas en una casa habitación ubicada en la calle 23 número 198, interior 4, colonia San Miguel, Mérida, Yucatán.

Para añadir más complejidad al asunto, el socio mayoritario de Rocketel, Adrián Aguirre Palme, reside en Park City, Utah, donde tiene una empresa que fabrica elevadores para esquí, un giro muy alejado del desarrollo automotriz.

Este contrato contrasta con la información inicial que indicaba que el proyecto Olinia sería desarrollado por estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y del Tecnológico de Puebla, lo que generaba expectativas de impulso a la innovación local y formación de talento en la región.

Al ser cuestionada sobre los detalles del contrato, la Secihti se negó a proporcionar información sobre los montos gastados, las pruebas de seguridad del vehículo, especificaciones técnicas y tiempos de producción, argumentando que revelar estos datos podría afectar la “ventaja competitiva” del proyecto.

Este episodio abre un debate sobre la transparencia y el origen real del desarrollo tecnológico detrás del Olinia, justo cuando Puebla busca consolidar sistemas de transporte innovadores como el cablebús, que sí han mostrado un compromiso claro con la movilidad sustentable y el desarrollo local. ¿Será que el futuro del transporte poblano depende más de contratos opacos que de talento regional?